Italia complica la vida social a los no vacunados contra el Covid-19
Con un certificado sanitario reforzado que solo permitirá disfrutar del ocio y la restauración a los inmunizados o curados.
Los no vacunados en Italia lo tienen desde hoy más difícil. El Gobierno intenta contener al coronavirus en Navidad con un certificado sanitario reforzado que solo permitirá disfrutar del ocio y la restauración a los inmunizados o curados.
La medida permanecerá en vigor en todo el país, independientemente de los datos de contagios de cada región, hasta el próximo 15 de enero para frenar la tendencia al alza del coronavirus en las últimas semanas.
Dos pasaportes para un país
Italia cuenta desde este lunes con dos tipos de certificados sanitarios: el "Green Pass" normal, que se otorga a vacunados, curados o a quienes tengan un test negativo, y el "Super Green Pass", solo en manos de las dos primeras categorías.
El primero es indispensable para utilizar el transporte público, también el ferroviario, entrar al puesto laboral, para sentarse a la mesa en los comedores del trabajo o en restaurantes de hoteles, o asistir a fiestas y ceremonias como bodas o bautismos.
Pero el "giro de tuerca" lo establece la segunda versión, la "reforzada", que en la práctica excluye a los no vacunados de cines, teatros, eventos deportivos, fiestas, discotecas o consumir dentro de bares o restaurantes.
Una imposición que afecta a unos seis millones de italianos que no han querido o podido vacunarse, frente a los 45,7 millones de mayores de doce años que sí que lo han hecho, el 84,76 % de la población.
Más controles (y multas)
El objetivo es asediar a un virus que a estas alturas alcanza unos 15.000 contagios diarios y que, sin medidas como esta, pondría en jaque el comercio y las vacaciones navideñas y la siempre augurada recuperación, máximo desvelo del primer ministro, Mario Draghi.
Por ello, aunque en Italia se convive desde hace meses con este pase, ahora se han intensificado los controles.
Este lunes la atención se centró en el transporte público, usado cada día por millones de personas, turistas y trabajadores, a los que policías y operarios municipales pedían el "Green Pass" a la salida del metro o del bus urbano, bajo pena de multa económica.
"Si ayuda a superar al virus entonces está bien, aunque creo que es una exageración que lo pidan a la salida del metro y en los restaurantes", opinó a Efe la joven Brenda, mientras salía del metro del barrio romano de San Giovanni.
Para Elena, esta imposición es "muy adecuada". Ella, de hecho, acaba de llegar a la capital de la región alpina de Friuli Venecia Julia, la que más preocupa y la única, con la provincia de Bolzano, en "nivel amarillo" o riesgo leve.
Por su parte, Paolo se muestra contrariado por el hecho de que pidan el certificado a la salida del metro y no a la entrada: "No tiene sentido", lamenta.
A esto hay que sumar que ya este fin de semana en ciudades como Roma trabajadores de Protección Civil se encargaban de que los peatones usaran la mascarilla al aire libre, mientras paseaban por el centro, iluminado por las fiestas navideñas.
La versión "reforzada" del certificado anticovid no expirará el 15 de enero en las regiones que sean catalogadas de "amarillas" y "naranjas", segundo y tercer nivel de riesgo en una escala de cuatro colores culminada con el rojo, el confinamiento.
Por otro lado, como ya se hizo con los médicos, desde el 15 de diciembre se obligará a la vacunación al personal administrativo de la Sanidad y la Educación, así como profesores, militares, fuerzas del orden y operativos de los Servicios de Socorro.
El debate del transporte escolar
En todo este entramado burocrático, de certificados básicos o reforzados que se piden en determinados sectores o actividades, hay todavía "nudos" por desenredar. Por ejemplo: ¿Será obligatorio para los niños que usan el transporte escolar?
En un vademécum del Gobierno se lee que no lo será para los estudiantes menores de 12 años, pero no se especifica la situación de los mayores de esa edad.
Esto a pesar de que la Agencia del Fármaco acaba de aprobar la inyección del fármaco de Pfizer y a que desde la Confederación de las Regiones han pedido una moratoria de 15 días, dado que entre la primera dosis y la obtención del certificado pasan dos semanas.
EFE